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Óscar Oliver / Entretelón político |
2023-04-03 |
| Tragedia migrante |
| El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Chihuahua, ocurrido el pasado 27 de marzo y que arrojó un saldo de 39 personas muertas y 27 heridas de gravedad; es solo la punta de iceberg de las graves fallas de la política migratoria del gobierno mexicano. La tragedia denota, de entrada, la falta de protocolos de atención en las estaciones del INAMI hacia las personas extranjeras que transitan por nuestro país sin documentos que acrediten su estancia, quienes son, literalmente, encarceladas, sometidas a malos tratos, condiciones de inseguridad y como sucedió en Ciudad Juárez, se pone en riesgo su integridad física. Estas personas se encontraban en esta estación migratoria encerradas; sin embargo, no se les acusaba de algún ilícito, su único delito fue buscar el llamado sueño americano, sueño que terminó en pesadilla y muerte. Si bien, el incendio lo inició un migrante en protesta por las irregularidades y malos tratos durante el proceso de detención, las autoridades del INAMI y el personal de una empresa de seguridad privada contratada por la institución, estaban obligados a resguardar la integridad física de estas personas y no dejarlos encerrados a su suerte. La información de las autoridades del gobierno federal fluye a cuentagotas, de ello se sabe que 18 de los hombres fallecidos eran de Guatemala, siete de Venezuela, siete de El Salvador, seis de Honduras y uno de Colombia. Conferencias de prensa en las que la secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez como respuesta constante a las interrogantes de los representantes de los medios de comunicación solo atina a responder: “forma parte de la investigación”. La responsabilidad, según la titular de la SSC recae en seis personas: tres agentes migratorios, dos elementos de la empresa de seguridad privada y el migrante que inició el incendio, contra quienes la Fiscalía General de la República (FGR) ha girado orden de aprehensión; por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena. De la responsabilidad de autoridades de mayor nivel, no se habla ni se dice nada, a horas de ocurrida la tragedia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López se deslindó y responsabilizó al canciller Marcelo Ebrard, como encargado de la política migratoria del país; sin embargo, el INAMI depende de la SEGOB. Es el sello de la 4T, no hay responsables de alto nivel. El titular del INAMI, Francisco Garduño, ni siquiera ha dado la cara por este penoso y lamentable incidente que ha generado fuertes críticas internacionales a la política migratoria mexicana. Este es un botón de muestra de que la política migratoria en México se ha endurecido para ayudar, en principio, al gobierno del ex presidente estadounidense, Donald Trump, bajo la premisa de “tercer país seguro” y, por consiguiente, contener en territorio mexicano a migrantes de todas nacionalidades que pretenden llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Como lo declaró Trump en un acto público, pidió al canciller Marcelo Ebrard poner 28 mil soldados en la frontera para frenar a los migrantes, y aunque al principio se negó, al amagar con imponer aranceles, “se dobló”. Si bien el presidente en sus sermones mañaneros vocifera contra legisladores e integrantes del poder ejecutivo del vecino del norte, en los hechos, sigue doblado ante el gobierno de Joe Biden, con la contención del flujo migratorio ilegal, lo que hace de los puntos fronterizos con mayor cruce de migrantes, una olla de presión que ya estalló en Ciudad Juárez con esta lamentable tragedia. |
