Reconoció Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis, que sacerdotes en San Luis Potosí han sido forzados por el crimen organizado a llevar a cabo rituales católicos en propiedades privadas. 

Aunque no hay casos recientes, admitió que en el pasado se han dado situaciones en las que se exigía a los sacerdotes realizar bautizos u otras ceremonias en fincas con ciertas características. 

Aunque no se pueden negar los sacramentos a ninguna persona, el vocero descartó donativos exorbitantes por parte de grupos criminales y afirmó que no es posible recibir dinero de personas involucradas en crímenes, ya que "el dinero con sangre no está permitido".

Además de la revelación sobre las presiones del crimen organizado, la Arquidiócesis alertó a la feligresía sobre dos sacerdotes suspendidos, J. Isabel Macías Alcalá y Gerardo Cuéllar, quienes han estado celebrando sacramentos en algunos lugares de la Arquidiócesis a pesar de su suspensión por sus obispos respectivos. 

Se instó a la comunidad a tener precaución con estas personas, ya que no están autorizadas para llevar a cabo ningún tipo de Sacramento, predicación o enseñanza.