Se vieron obligadas a abandonar sus hogares más de 800 personas procedentes de Apatzingán, Michoacán, debido a la presencia del crimen organizado en la zona. Ante esta situación, las personas están solicitando seguridad y asistencia al Gobierno estatal.

Según el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, el desplazamiento forzado comenzó el viernes 9 de junio, cuando habitantes de comunidades como El Alazán, El Alcalde, Las Bateas, Llano Grande y otros poblados se vieron obligados a abandonar sus viviendas.

El informe alertó que aproximadamente dos tercios de la población desplazada son niños y adolescentes. La organización señaló que los habitantes huyeron hacia lugares como la Parroquia de Presa del Rosario, Lomas Las Horas y Loma de Piedra debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

"La comunidad más afectada es Las Bateas, que según el último censo parroquial cuenta con 681 habitantes", indicó.

A pesar de la demanda, el observatorio planteó que los lugares designados para recibir a las familias, como la Parroquia de Presa del Rosario, no cuentan con las condiciones óptimas para garantizar su estancia y seguridad.
"En las condiciones actuales, solo podemos mantener la ayuda que proporcionamos durante 10 días", advirtieron.

A pesar de su llamado al Gobierno, indicaron que no han recibido respuesta y solicitan con urgencia el apoyo de las autoridades, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Gobierno de Michoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.

"El Observatorio ya contactó a la secretaria del Migrante (licenciada Teresa Mora quien coordina el Comité de Atención para el Desplazamiento Forzado en Michoacán) y a otras autoridades para buscar las posibilidades de atender a estas familias desplazadas de sus comunidades. La seguridad comunitaria es uno de los objetivos de las recomendaciones de la Agenda de Seguridad Humana de Apatzingán", resaltaron.