Un juez mexicano dictó prisión preventiva oficiosa a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), tras su presunta implicación en el incendio ocurrido en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México, en el que murieron 40 migrantes.

Los funcionarios, Eduardo Apodaca, Juan Carlos Meza y Cecilia Rivera, enfrentan cargos por delitos como ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio. Salvador González, el titular del INM en el estado de Chihuahua, también está implicado en el suceso, pero ha conseguido una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión solicitada desde el pasado 12 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) también procederá penalmente contra Francisco Garduño, el titular del INM a nivel nacional, y Antonio Molina, el director de Control y Verificación Migratoria. 

Apesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, han rechazado pedir la destitución del director del INM hasta que no haya una determinación judicial de su responsabilidad o no en estos hechos.

De acuerdo con organizaciones civiles mexicanas, el año 2022 fue el más trágico para los migrantes en México, con la muerte de 900 personas en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.